Las 238 carillas se resumen en análisis financieros, contables, administrativos e informáticos, y concluyeron que: el control financiero es deficiente y no existen procedimientos de control que otorguen certeza de la información presentada y que ésta sea correcta.
En lo contable, como instrumento de gestión, se detectaron errores, omisiones y falta de sustento de los números que se establecen en la contabilidad y cuyos temas son importantes y relevantes.
En lo administrativo, el equipo de auditores declaró falencias de control, graves incumplimientos y un ambiente de control debilitado al no evidenciar procesos que permitan establecer fehacientemente la minimización de los riesgos.
En la dimensión informática se fundaron graves debilidades de control y herramientas informáticas no habilitadas.
También, se estableció que existen cuentas bancarias sin contabilizar, cuentas por cobrar no resueltas y que no han sido rendidas por organizaciones comunitarias, por montos millonarios. Por ejemplo, en “activo fijo”, se evidenció la inexistencia de un inventario actualizado, capaz de contemplar toda la información contable necesaria para una correcta evaluación de los bienes adquiridos.
Es importante señalar que el alcance de la auditoría consideró el estado de la situación patrimonial y balances generales, estados de situación presupuestaria en sus componentes de ingresos y gastos y cuentas extra-presupuestarias de administración y aplicación de fondos.
Las inconsistencias presupuestarias efectuadas previo análisis entre el presupuesto vigente reflejado en la contabilidad y el presupuesto aprobado mediante modificaciones presupuestarias, demostró diferencias sustanciales y millonarias, especialmente en 2016.
Dentro de las conciliaciones, la contabilidad reflejó, además de Fondos Propios, cuatro cuentas corrientes sin registrar en contabilidad y que presentaron movimientos bancarios.
En el ítem “Gastos de Personal”, se ultimó que para la preparación del presupuesto existió una “sobre-estimación” y una “sub-ejecución” para aumentar la disponibilidad presupuestaria del personal de Honorarios y Contratas. Las cifras del informe son evidentes y los gastos de Honorarios, excedían el 10% permitido por ley.
Además, en algunos casos puntuales las horas extras diurnas permitidas por ley para cada funcionario sobrepasó lejos las 40 horas por mes.
“Los pasos a seguir es cambiar ese enfoque de trabajo basado en la costumbre de ciertas formas que están erradicadas en otras administraciones públicas y la única forma de erradicarlas es estableciendo niveles de control y ambientes de control que permitan minimizar ese riesgo, controlarlo y encapsularlo” – sentenció la empresa auditora.
“Podemos indicar que la administración de la Dirección de Finanzas no está cumpliendo con las obligaciones emanadas por la ley y están en una evidente infracción a sus funciones. Toda vez que los estados financieros del municipio adolecen de antecedentes que sustenten la razonabilidad de los mismos, puesto que existen variadas observaciones de forma y de fondo que no nos permiten dar una opinión sobre los citados estados financieros” – sentenció la empresa auditora.
Agregó además que “muchos análisis no pudieron realizarse al no tener una base de datos para analizar depósitos y rendiciones”.
Según trascendió, en algunos departamentos, se evidenció la falta de colaboración o no se entregó la información oportunamente, hecho que impactó y dificultó la realización del informe auditor, y es por este motivo que funcionarios se encuentran sumariados y a la espera de otros pronunciamientos oficiales al tratarse de faltas graves dentro de una administración que fue mandatada y confiada para administrar dineros públicos, particularmente en una comuna como la nuestra que intenta acortar la brecha de pobreza, desigualdad e inequidad.
Ahora, vendrá un tiempo de análisis y espera para establecer responsabilidades, sumarios y sanciones penales, en caso que así sea o lo determinen los órganos públicos, como la Contraloría General de la República y escuchar a las contrapartes.