AUDITORÍAS: AHORA FUE EL TURNO DE LA CORPORACIÓN
Uno de los temas principales de la tabla del concejo municipal extraordinario N° 89, fue la auditoría realizada a la Corporación Municipal de Educación y Salud, tarea encomendada a la empresa BDO Auditorías y Consultores, y que resumió los estados patrimoniales, financieros y contables en los ejercicios del 31 de diciembre, entre los años 2015 a 2019 y por un período de 8 meses, al 31 de agosto de 2020.
La auditoría fijó 3 objetivos claves para comprender el análisis técnico, entre estos puntos; validar que la información se encuentra de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República y si el control interno ha sido diseñado e implementado para proporcionar una seguridad razonable respecto de la fiabilidad de los sistemas de información financiera, la protección de sus activos y el cumplimiento de leyes y normas que rigen a esta corporación, así como validar aspectos de gestión administrativa y si el control de recursos públicos cumplen con la legalidad de la administración según la Contraloría.
Según los auditores, la tarea no fue fácil, ya que el primer paso fue comprender cómo funciona este organismo en sus áreas y ciclos operativos, dado el nivel de recursos y activos que maneja al tratarse de educación y salud, ambas áreas sensibles y claves para el desarrollo económico y social de nuestra comuna.
Para una mejor comprensión se identificó la forma de cómo están diseñados los procesos (conciliaciones, pagos, ingresos, egresos), entre otros, para conocer los propios mecanismos de control, tomando información de distintas fuentes para validarla.
En resumidas cuentas, de qué manera convive el mundo presupuestario con la contabilidad financiera y cómo se concilian éstos.
Difícil misión, porque se refiere a todos los establecimientos educacionales y CESFAM de la comuna, además de la Farmacia comunitaria, pues cada uno evidencia ciclos de tesorería, movimientos de pagos, transacciones bancarias, remuneraciones, ingresos y asignaciones o aportes de distintas instituciones.
La conclusión del estudio, que primero fue presentado ante una comisión como “borrador”, y posteriormente en concejo municipal como documento final que muestra a lo largo de todos los períodos (5 años) una contabilidad deficiente, que no cumple con criterios emanados desde los organismos superiores y no aplica marcos normativos íntegros.
La corporación llevaba balances contables, pero no una emisión de estados financieros que diera cuenta de todos sus activos, pasivos y patrimonios, tema que fue clasificado como relevante y grave desde el punto de vista contable ya que no hay conciliaciones bancarias durante todos los años revisados, a partir del 2015 en adelante y la mayoría de las cuentas no tienen análisis lo que hace imposible revisarlas.
Por ejemplo, hay muchas cuentas por rendir en montos millonarios por conceptos de deudores, ventas, proveedores, saldos por cobrar y pagar sin antecedentes o en palabras simples no se sabe a quién se deben esos dineros.
La corporación no mantiene un control de los bienes en sus áreas de educación y salud, así como tampoco posee una identificación de ellos, no mantiene un control de “desgaste” de estos bienes, en tanto no se proporcionó un inventario de la Farmacia para todos los años revisados.
No existe, en lenguaje auditor, un “Gobierno Corporativo” que se preocupe de los lineamientos generales de control e inclusive actividades permanentes de auditoría interna o externa.
Asimismo, el documento sugirió a la corporación homologar un sistema contable y una separación administrativa en las áreas de educación y salud, para que cuando la información sea requerida por un ente fiscalizador no posea reparos como en el caso de la Ley de Fondos SEP (Subvención Escolar Preferencial), recursos que entrega el Estado para mejorar la calidad y la equidad de la educación en los establecimientos educacionales y que no posee integridad o conciliación por gastos que pertenecen a toda la comunidad.
Finalmente, serán los órganos contralores y de justicia quienes pronunciarán la última palabra y es de esperar, por el bien de toda la comuna, que existan estándares más rigurosos, transparentes y probos, y que el concejo municipal, a lo largo de este período fiscalice y de cuenta de estos hechos, ya que al parecer, no lo hizo con la debida inmediatez y contundencia como lo exige la comunidad.
Según el Secretario General de esta Corporación, Héctor Iribarren, quien asumió el cargo en septiembre del año pasado, se ha tratado de “corregir una serie de procedimientos que estaban establecidos y que hoy día, a partir de las conclusiones que nos da la Contraloría, nosotros hemos ido siendo parte”, de la misma manera subrayó que “cuando estábamos medianamente instalados, hicimos un informe financiero al concejo, y de acuerdo a la misma opinión de los concejales, es primera vez que se entregaba”.
“…nos dimos cuenta, a poco andar, del tema de los fondos por rendir. Esta auditoría nos da un monto elevadísimo de fondos que no están rendidos, que fueron entregados a personas…y que no está la rendición y descubrimos que teníamos un fondo por rendir de 100 millones de pesos que se había entregado a un funcionario de infraestructura que no había sido rendido y que eran actividades, acciones, mejoras de infraestructuras de colegios y que cuando vamos a ver esos trabajo…¡no estaban realizados!, y eso determinó que tuviéramos que presentar una querella”.
También, el secretario se refirió al cuestionado ítem de remuneraciones, expresando que: “…¿el informe de auditoría qué nos dice?; que no ha habido controles.
Hay que hacer una investigación profunda de que aquí puede haber gente que se contrató que nunca fue o pueden existir pagos dobles. Si no hay Contraloría, si no hay datos, hay mucha información que no se conoce todavía”.
Finalmente fue enfático en señalar que “el gasto en salud en remuneración es muy grande, y el gasto que realiza la dirección central es muy elevado.
La Corporación necesita con urgencia hacer una auditoría de remuneraciones” – Sentenció.
